DEFENSORIA DEL PUEBLO

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Domingo, 25 Noviembre 2018 10:56

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Este 25 de noviembre, como Defensoría del Pueblo iniciamos reconociendo el origen político de esta fecha, que parte de la lucha emprendida por mujeres, que fue reinvindicado por el movimiento feminista en 1981.
 


Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, tres mujeres dominicanas que fueron asesinadas por luchar contra un sistema político opresor. Hoy, son muchas las voces que continúan denunciando y demandando derechos, pero pese a ello, hasta fines del mes de octubre de este año 2018, el Ministerio Público registra 12 mil 996 denuncias de violencia doméstica, 5 mil 375 de delitos contra la libertad e integridad sexual, y 23 femicidios, 16 consumados y 7 en grado de tentativa.
 
Frente a ello, no debemos perder de vista que más allá de cifras, son vidas. Que en el caso de la violencia doméstica, la mayoría son de mujeres y en el de los delitos sexuales, es más devastador, pues son niñas las que están siendo más afectadas por este crimen, que es encabezado por las violaciones.
 
Este panorama debe generar una alarma social y, no únicamente en los sectores que comunmente trabajan en el abordaje del problema, sino en todas las esferas de la sociedad; sin embargo, vemos con pensar, como ante estos hechos, en los últimos años, se ha visto fortalecido un movimiento antiderechos humanos. Dicho movimiento además de retrasar los avances en la materia, en algunos países, está representando riesgo para las defensoras de derechos humanos al propiciar un ambiente de odio y discriminación.
 
Como Institución Nacional de Derechos Humanos reconocemos los esfuerzos emprendidos por las diversas entidades, pero no podemos desconocer la deuda que seguimos manteniendo como Estado en distintos ámbitos. En materia de prevención de forma particular, estamos haciendo muy poco para cambiar los imaginarios colectivos que continúan situando a las mujeres y lo considerado femenino, en posición de subordinación, perpetuando la discriminación y la violencia.
 
También, como Estado se debe fortalecer a las entidades llamadas a la investigación y sanción de estos delitos, con presupuesto y personal técnico especializado que pueda dedicarle a cada proceso la atención particular que merece, atendiendo al principio de debida diligencia.
 
A su vez, es necesario poner el foco de atención en las otras dimensiones del abordaje integral de la violencia, en la atención psicológica, apoyo económico y social, entre otros. Que debe estar disponible tanto para las mujeres, como para las niñas y niños, víctimas directas e indirectas de la violencia; tomando en cuenta otros factores de vulnerabilidad, como la etnia, la condición migratoria, la discapacidad, entre otras.
 
El día de hoy, hacemos un llamado a la movilización desde los distintos frentes, para seguir avanzando hacia una sociedad donde cada niña y mujer pueda crecer con dignidad, libre y sin miedos.
 
Dado en la ciudad de Panamá, el 25 de noviembre de 2018