DEFENSORIA DEL PUEBLO

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Datos Generales

Antecedentes históricos de la figura del Ombudsman:

Los orígenes o antecedentes históricos más remotos de la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo los encontramos en la República Romana, y consistía en una institución para la protección y defensa de los derechos fundamentales.  Al caer la Monarquía y surgir La República se hace más palpable la división entre clases sociales (patricios y plebeyos).

La lucha de los plebeyos por lograr una igualdad social o al menos mejores condiciones de vida los lleva a tomar la decisión de salir de Roma, retirándose al monte Aventino, logrando de esta forma que los patricios hagan una importante concesión: Se les permite elegir dos Magistrados plebeyos que los representen y velen por sus intereses, siendo estos los Tribuni Plebis.  Éstos tenían un derecho de veto y de oponerse a las decisiones de todos los Magistrados, así como a la de los Cónsules y a las del Senado Romano.


En la Época Bizantina surge la figura del Defensor Civitatis o defensor de la Ciudad, el cual tenía la misión de proteger a los humildes contra las arbitrariedades de los gobernantes.  Algunos siglos atrás, el origen del Ombudsman aparece en Suecia en el Siglo XVI, con el llamado Presbote de la Corona, cuya función principal era vigilar, bajo la suprema autoridad del Rey, la administración de justicia en el reino, debiendo informar a Su Majestad de las fallas o irregularidades que encontraba.

En 1713 el Rey Carlos XII nombra al primer Procurador Supremo, como funcionario encargado de velar por el fiel cumplimiento de las leyes y de los estatutos del reino, por parte de los servidores públicos.

En el año de 1809 la figura nace para el Derecho Constitucional cuando se incorpora a la Constitución de Suecia como un delegado parlamentario, pero independiente de dicho órgano.

Su función era vigilar e inspeccionar la administración, hacer respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y admitir sus reclamaciones.

La constitucionalizarían de la figura del Defensor del Pueblo en Suecia, marcó el comienzo de una institución de suma importancia y de gran trascendencia para la democracia, la cultura de paz, y tolerancia.

De Suecia se extendió - un siglo después - a Finlandia (1919) y a Dinamarca en 1953.   Posteriormente se irradió al resto de Europa, luego a otros paises del mundo y hace pocas décadas, a Iberoamérica.

En Iberoamérica, la influencia se inicia con su incorporación en la Constitución de Portugal de 1976, en la de España de 1978 y en la de Guatemala de 1985.


Antecedentes históricos de la figura del Ombudsman en América:

En América podemos encontrar antecedentes remotos del Ombudsman, en el llamado "Trucuyricuy" (el que todo lo ve) que existía durante el Imperio Inca, quien estaba encargado de vigilar el funcionamiento del Consejo Imperial.

Con la llegada de los españoles se creó el denominado "Protector de los Indios", por iniciativa de Fray Bartolomé de las Casas.

También hay antecedentes históricos en el Derecho de Indias, cuando una persona, llamada "el Veedor del Rey", ejercía las funciones de comunicar al Monarca los reclamos o las injusticias cometidas por los Virreyes.

Hoy en día en América Latina se ha dado también el fenómeno de la expansión del Ombudsman como respuesta a los conflictos producto de dictaduras y golpes de Estado, en donde han sido comunes las violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, así como la corrupción de los funcionarios públicos.

El Defensor del Pueblo latinoamericano se basa en el modelo sueco y en el español, desarrollándose de acuerdo con las necesidades en cada país de igual situación, pretendiendo de esta manera responder al llamado de los pueblos que exigen poseer un mecanismo de control de los abusos de las autoridades y de los particulares.  Su labor tiene por objeto la divulgación y protección de los Derechos Humanos.


Breves Antecedentes de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá:

Algunas experiencias locales, antecedentes inmediatos de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, aunque limitadas en su ámbito de competencia, como entidades con funciones de fiscalización y control de actos de la administración pública, que afectan derechos de los ciudadanos, se encuentran en la adopción del Ombudsman de la Comisión del Canal, que se crea por efecto de la Legislación de Ejecución del Tratado del Canal de Panamá.

Igualmente en el año de 1990, mediante Decreto 107, el Tribunal Electoral de la República de Panamá, pone en funcionamiento la Dirección de Investigaciones Administrativas, a cuyo funcionario a cargo se denominó “Ombudsman”, con la misión principal de velar por el cumplimiento de las normas administrativas de la institución y proteger los derechos de los ciudadanos.

En el campo académico, es importante destacar la realización de varios estudios o tesis de grados realizados durante la década de 1980, en los que se promueven la adopción de la figura del Ombudsman, entre estos se citan los trabajos de Ricardo Ballard “El Ombudsman Parlamentario de la Administración” (1982) y el de Arlene Jones “El Ombudsman Contralor Jurídico de la Democracia” (1983), los cuales propician un campo fecundo para la discusión y promoción de esta figura.

Con estos antecedentes, en el año de 1992 se presentó, en el Proyecto de Reformas Constitucionales, la propuesta de establecer la figura del “Tribuno del Pueblo”, quien tendría entre sus facultades la atribución de decidir si debían ser aceptadas las denuncias promovidas en contra del Procurador (a) General de la República y del Procurador (a) de la Administración, las propuestas de Reformas Constitucionales de 1992 no llegaron a ser aprobadas.

En 1995 se creó una Comisión Presidencial, mediante Decreto Ejecutivo No.172 de 27 de abril de 1995, la cual tenía como meta promover la creación de la Defensoría del Pueblo, fundada en proceso de consultas con destacados miembros de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros.

En este proceso de consultas fue de gran importancia el respaldo recibido por los Defensores del Pueblo de Centroamérica, Argentina, Puerto Rico, Colombia y España, además de los representantes del Instituto Latinoamericano y Europeo del Ombudsman y de la UNESCO.

Los miembros de la Comisión Presidencial fueron: Raúl Montenegro (Ministro de Gobierno y Justicia), Mitchell Dones (Ministro de Trabajo), Aida de Rivera (Ministra de Salud), Milton Henríquez, César Tribaldos, Jorge Arosemena y Raúl Hernández.

Los representantes de la Asamblea Legislativa fueron: H.L. Lucas Zarak (q.e.p.d). , H.L. Felipe Serrano, H.L. Miguel Peregrino Sánchez (q.e.p.d).


Esta comisión fue coordinada por la Licenciada Irene Perurena, que a su vez contó con el respaldo de un equipo técnico de trabajo integrado por Antonia Chavaría como asistente de coordinación, Salvador Sánchez, Lina Vega Abad, Gerardo Solís, Débora de Cardoze y Olga De Obaldía de Díaz.

Luego de la realización de debates, consultas, seminarios y audiencias, con la participación de conocedores de los derechos humanos, Defensores del Pueblo de América y Europa, representantes de la ONU, UNESCO, de embajadas europeas, del Instituto Iberoamericano del Ombudsman, representantes de partidos políticos, organizaciones cívica, gremios empresariales, obreros y habitantes del país, de quienes se recibieron propuestas para la creación del Ombudsman en Panamá, se llegó a la presentación del Anteproyecto Ley No.43, el cual fue ampliamente discutido y finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa.

De esta manera se promulgó la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se creó la Defensoría del Pueblo en la República de Panamá.

Hay que anotar que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones de salvaguarda de la Constitución Política, declaró inconstitucional el numeral 3 de artículo 4 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 mediante fallo de 12 de febrero de 1998 y mediante fallo del 9 de agosto de 2000, declaró la inconstitucionalidad de la frase “el cual no podrá ser inferior al del año anterior” del artículo 45, sobre el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, contenida en la misma Ley.

El 27 de junio de 1997, el Doctor Italo Antinori Bolaños, fue elegido como primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, terminando su período el 1 de abril del año 2001. Fecha en la que asume el cargo el Lcdo. Juan Antonio Tejada Espino, luego de ser elegido por la Asamblea Legislativa de la República y nombrado en propiedad por la señora Presidenta de la República Mireya Moscoso, conforme a las disposiciones de la Ley.

La Defensoría del Pueblo, se constituye como una institución independiente de toda persona, autoridad u Órgano del Estado y con plena autonomía funcional administrativa y financiera, cuya primera misión es proteger los derechos establecidos en el Título III y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos contenidos en los convenios internacionales de Derechos Humanos y en la leyes de la República.

La Defensoría del Pueblo, está facultada para inquirir sobre actos, hechos u omisiones de la administración pública, incluyendo como tal al Órgano Ejecutivo, gobiernos locales y a la fuerza pública, que pudiesen haberse realizado irregularmente; investigar y denunciar hechos, actos u omisiones de las empresas públicas, mixtas o privadas, personas naturales o jurídicas, que desarrollen un servicio público por concesión o autorización administrativa; recomendar anteproyectos de la ley en materia de su competencia; presentar a la Asamblea Legislativa un informe anual de su actuación; atender las quejas y situaciones que afecten los derechos humanos y promover, ante la autoridad respectiva, que se subsanen las condiciones que provocaron la queja.


Características de las actuaciones del Defensor del Pueblo:

El Carácter no vinculante y la fuerza moral y cívica de sus Actuaciones: El Ombudsman actúa por medio de resoluciones, sugerencias, advertencias, recordatorios y algunas veces mediante la crítica, pero ninguna de estas actuaciones tienen poder coercitivo, coactivo ni jurisdiccional.

Las Actuaciones del Defensor del Pueblo estarán dirigidas a proteger a las personas de los posibles abusos que cometa la Administración Pública y que de alguna manera violen sus Derechos Humanos.

Las sanciones del Ombudsman se encuentran en el plano moral y cívico y es un juzgador de conciencia frente a la comunidad nacional e internacional.

El Ombudsman presenta informes anuales o especiales al Parlamento sobre el contenido de sus investigaciones y su resultado.

En el informe deberán constar todos los detalles inherentes a las investigaciones así como las renuencias de los funcionarios públicos a colaborar con la investigación.

Delegado Parlamentario: El Defensor del Pueblo es un alto delegado parlamentario, elegido por este Órgano para vigilar, supervisar e inspeccionar las actuaciones de los servidores públicos a fin que no cometan actos violatorios de los Derechos Humanos de los habitantes del país. Según el numeral 2 del artículo 6 de la Ley No 7 de 5 de febrero de 1997, la Asamblea Legislativa lo elige mediante votación por mayoría absoluta de sus miembros (la mitad más uno).

Según lo establece en el artículo 36 y subsiguientes, de la precitada Ley, el Defensor debe presentar durante los primeros seis meses de cada año el informe anual y está facultado para presentar informes especiales cuando lo considere conveniente.

Asimismo, el artículo 10 de dicha Ley establece que el Defensor del Pueblo "tendrá las consideraciones de alta autoridad del Estado..." por lo que en el ejercicio de sus atribuciones merece el respeto y la consideración, de los particulares y de manera especial de todos los servidores públicos.

Autonomía e Independencia: La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma que según lo establece el artículo 1 de la Ley "actuará con plena autonomía funcional, administrativa y financiera".

Dicho artículo establece una característica muy particular para con la institución al decir que actuará "sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona".

Esto significa que la Defensoría tiene no sólo autonomía financiera y funcional sino que no está supeditada a ninguna autoridad del Estado. De esta forma se garantiza la independencia de la institución para poder cumplir con sus atribuciones, sin injerencias políticas que desvirtuarían su finalidad y su verdadera naturaleza.

Ausencia de Formalidad en su Procedimiento: La ausencia de formalismos y solemnidades convierte a la Defensoría del Pueblo en una institución desburocratizada, garantizando además la celeridad de su actuación.

El artículo 24 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997 dice que: “La Defensoría del Pueblo podrá intervenir de oficio o a instancia del interesado. Toda persona que presente una queja a la Defensoría deberá razonar su pretensión ante ésta, con total ausencia de solemnidades y formalismos.”


La actuación del Ombudsman no produce costos, ni puede ser objeto de recursos ni impugnaciones, su actuación no interrumpe plazos y sus decisiones constarán en resoluciones de sanción moral o no.

Para determinar la veracidad de las declaraciones del quejoso, el Defensor deberá iniciar una investigación, para lo cual podrá pedir cuantos informes considere convenientes a la Institución contra la que se presenta la queja. Asimismo, podrá realizar inspecciones a las instituciones públicas incluyendo como tal, a las penitenciarias y psiquiátricas y no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documento relacionado con la investigación.

Control e Inspección de la Administración: La Defensoría del Pueblo es una institución que nace con la finalidad de poner un alto a las arbitrariedades que pudieran cometer, tanto la administración pública, como los particulares en detrimento de los derechos humanos de la población, denunciando tales violaciones, mas no castigando, ya que esto le correspondería a los tribunales de justicia.

Su actuación garantiza la legalidad de los actos de la administración pública.

Podrán acudir a la Defensoría del Pueblo: Según el artículo 20 de la Ley, podrá recurrir a la Defensoría cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

Puede hacerlo también, el menor de edad o quien esté internado en un centro penitenciario o psiquiátrico. Es decir, cualquier ser humano.

Quienes presenten quejas estarán protegidos en su identidad, si así lo pidieran, y sus gestiones no podrán ser utilizadas en su contra, judicial o extrajudicialmente.

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